Todos lo hemos vivido aunque sea una vez en la vida: esperamos y esperamos por una respuesta sobre algún asunto que solicitamos y nada pasa. No llega esa respuesta deseada. ¡Puede ser frustrante!

Pero ¿qué pasa cuando esa solicitud o reclamo se lo hicimos a una institución pública?

Desafortunadamente, los funcionarios a cargo de responder no siempre brindan una respuesta rápida y apegada a la normativa.

Los ciudadanos o pobladores (administrados, o bien, trabajadores de esa institución) muchas veces han tenido que esperar meses o hasta años para recibir una contestación.

Para evitar estas situaciones y proteger a las personas del actuar negligente de una instancia pública, existe una figura que se conoce como “amparo de legalidad”.

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