Piense en los siguientes cinco escenarios:
1-Un vehículo de una institución pública se estrella contra su casa y le destruye todo su garaje, lo cual le causa pérdidas millonarias.
2- Un equipo de médicos de un hospital público le practica una cirugía y cometen una mala praxis que le deja graves secuelas en su salud.
3-El jefe de la institución pública en la que trabaja le realiza un procedimiento administrativo que le genera una sanción sin goce de salario por dos meses y usted considera que ello es injusto, porque no hizo nada indebido.
4-Una institución o ministerio emite una serie de actos administrativos que, en su criterio, causan un perjuicio a la población.
5-Una institución pública omite aplicar la ley y esto genera una afectación a un grupo de personas.
En todas estas situaciones descritas existe un factor común: el que cometió la falta u omisión es una institución que pertenece al Estado. Es decir, trabaja con fondos públicos.
Si usted quisiera interponer una demanda judicial para defender sus derechos no puede acudir a cualquier juzgado común, sino a uno especializado y que precisamente se encarga de analizar todo lo relativo a los poderes del Estado e instituciones públicas: el Tribunal Contencioso Administrativo.
El artículo 49 de la Constitución Política de Costa Rica crea esta autoridad judicial y plantea que el propósito es que se garantice que las funciones y actos del Estado y sus instituciones estén apegados a la ley.
Además, a través de este tribunal especializado se busca proteger los derechos de los ciudadanos y pobladores en general (se les llama también administrados).
¿Qué instituciones se pueden demandar en la vía contencioso administrativa?
Algunas de ellas son las siguientes:
-Incluye los Poderes Ejecutivo (abarca todos los ministerios), Legislativo (Asamblea Legislativa), Judicial (juzgados y diferentes salas, Ministerio Público, Defensa Pública, OIJ) y el Tribunal Supremo de Elecciones, cuando realicen funciones administrativas.
-Instituciones autónomas (por ejemplo, el ICE, la CCSS, los bancos estatales las universidades públicas).
-Municipalidades.
-Empresas públicas (por ejemplo, Correos de Costa Rica, Recope, Racsa, Sinart, entre otras).
-Colegios profesionales (que son entes públicos no estatales).
Se puede acudir al Tribunal Contencioso Administrativo por acciones de instituciones públicas (actos específicos) que afecten a una persona o colectividad y también por las omisiones (el no hacer algo).
En general, según el proceso, lo que se busca al acudir a esta vía es que se declare si un acto u omisión de la administración es ilegal o no (y que eventualmente se anule), que se determine la responsabilidad de la institución y que el afectado, si así lo solicita, pueda recibir una indemnización por los daños causados (cuando corresponda).
También aquí se presentan los amparos de legalidad y se cobran los daños y perjuicios de los recursos de amparo y hábeas corpus declarados con lugar por la Sala Constitucional.
Entonces, cuando escuche que alguien presentó una demanda contenciosa administrativa o acudió al tribunal contencioso administrativo, se trata de casos en los que el demandado es el Estado o alguna institución específica.
Lo que se busca, al final, es proteger a los administrados de los posibles abusos que pueda cometer la Administración en el desarrollo de sus funciones.
El artículo 11 de la Constitución Política tica establece que “los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes…”.
Así, este Tribunal es uno de los llamados a sancionar a las instituciones y funcionarios cuando violen este artículo (obviamente esto tiene que demostrarse con las pruebas correspondientes).
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